MTRO. OMAR RODRIGO GARCIA ARIAS.
La circunstancias en Ciudad Juárez, Chihuahua, corresponden a un problema añejo: se dejó avanzar la descomposición social por varias décadas; se comenzó por ocultar una zona de pobreza y marginación, de apadrinar el predominio de maquilas extranjeras inmersas en dudosa reputación legal y económica en detrimento de la economía y seguridad de las y los trabajadores juarenses, la inatención en la porosidad de la frontera norte que ha venido permitiendo tráfico de armas, drogas, personas, etc. indican que: no se podían esperar consecuencias positivas de ese abandono del Estado. El reflejo efecto es el narcotráfico y crimen, pero el problema es más amplio hablamos de descomposición social que es reproducida por la impunidad y corrupción en los niveles de gobierno federal, estatal y municipal sino ¿Cómo explicamos este grado de violencia, sino con la irresponsabilidad los tres niveles de gobierno?
El gobierno de Calderón comete el error de creer que con el ejército en las calles juarenses se resolverá el problema. La visión que predomina sobre un problema de seguridad pública, es que su nivel de amenaza amerita que el ejército intervenga como si fuera asunto exclusivo de seguridad nacional, lo que ha colocado a la sociedad juarense entre la violencia del crimen organizado y el ejército. El clima de terror en Ciudad Juárez tiene dos fuentes principales la estatal y la del narcotráfico.
Sin duda, aislar a la población es la peor estrategia, la sociedad organizada en sus comunidades, en las escuelas, en las calles es la respuesta más efectiva, puesto que toda institución, y legitimidad parten de un constructo social. La contribución de los juarenses no sólo es para fortalecer los valores de solidaridad y resistencia cuidándose de los dos flancos, es mucho más amplia ellos aportan propuestas desde su conocimiento directo, lamentablemente ¿quién escucha a los juarenses? Sólo en momentos de catástrofe hay una aproximación pírrica de los niveles de gobierno. No fuera Hilary Clinton y su comitiva estadounidense los que tienen la voz para tratar lo de Ciudad Juárez porque como se demostró, los más altos rangos de gobierno y milicia mexicana los, reciben para atender sus órdenes similar a cuando un gerente corporativo llega a ver como esta su empresa filial en otro país.
Escuchar a los juarenses es primordial, pero primero se les debe de brindar confianza en las instituciones, ese problema es neurálgico. Como una raíz está la honestidad, capacidad y acercamiento de las instituciones, de seguridad, de salud, educación, de economía y trabajo hacia los juarenses. El “Plan Juárez” está rebasado en fondos y acciones, ya que no es con crear unilateralmente infraestructura o asistencialismo como se reconstruirá el tejido social y aclarará este panorama.
Por otra parte, es cierto que es un problema binacional, pero la pregunta no es ¿hasta dónde debe Estados Unidos dictar las políticas en resolver el problema de Ciudad Juárez? No, por mucho que el ex embajador de Estados Unidos en México, Carlos E. Pascual, haya sido un especialista en reconstrucción nacional de estados fallidos, y a pesar de los acontecimientos con el consulado estadounidense en Ciudad Juárez el gobierno se subordine a la asesoría del representante de Washington en México. La competencia estadounidense en el asunto se debe ubicar en el norte del Rio Bravo, y es que el producto final y motor de la violencia del narcotráfico en todo México está de ese lado de la frontera: ¿Qué hace Washington para frenar el tráfico de armas y reducir el volumen de consumidores? No podemos esperar mucho cuando un gran porcentaje de la economía estadounidense parte de los nexos con el armamentismo, la economía de la munición o de la muerte y además una sociedad estadounidense que requiere naturalmente de su abasto de drogas al grado de ser garantía de su estabilidad social.
Los republicanos estadounidenses y participes de la economía de guerra estadounidense, están apuntalando el contexto de Ciudad Juárez, para una mayor intervención política y militar en México a través de la Iniciativa Mérida (para que la sintamos mexicana) a beneficio de las corporaciones militares estadounidenses. Lo que finalmente sucede es que con la Iniciativa Mérida, las propuestas del PRI y PAN de la nueva Ley de Seguridad Nacional lo que se pretende es legalizar la militarización de la seguridad pública, eje de la agenda de Estados Unidos en México, centrada en el anexionismo castrense, que nos muta en protectorado al cancelar la función de defensa nacional a favor de su Comando Norte, capacitación y capacidades técnicas del equipamiento militar con estándares estadounidenses.
Ahora entendemos que es todo México el que está ente el fuego cruzado por la violencia del crimen organizado (desde el círculo político corrupto) o desorganizado; además la violencia del Estado mexicano, no sólo por la fuerza del ejército y las leyes para la criminalización de la lucha social (ahora se habla hasta de la “criminalización de la juventud”), sino que incluye la violencia emanada de la desatención estatal a las demandas sociales de educación, salud, techo, trabajo y alimento (en parte cualidades negativas de un Estado neoliberal); la violencia de la clase política corrupta a beneficio del capital de los pudientes y extranjeros; pero ahora también las ráfagas provienen de los intereses militares, políticos, energéticos y económicos estadounidenses encumbrados por un ASPAN (Asociación para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte). De seguir así México será un Gran Ciudad Juárez.
(Conferencia del autor en marzo del 2010, actualizado julio 2011)
No hay comentarios:
Publicar un comentario